Como es de público conocimiento, las recorridas que viene realizando el intendente de la localidad de Margarita Belén en uso de licencia, Javier Martínez, por distintos puntos de la provincia del Chaco, en el marco de sus aspiraciones de convertirse en candidato a gobernador, comenzaron incluso antes de que solicitara licencia en el municipio. Durante ese período, habría utilizado un vehículo oficial para esos desplazamientos.
Mientras se encontraba en ejercicio de sus funciones, podría discutirse el alcance de ese uso, pero la situación adquiere otra dimensión cuando, habiendo solicitado licencia, continuó utilizando un vehículo perteneciente al parque automotor municipal para actividades que, según se observa, estarían vinculadas con sus aspiraciones políticas.
La pregunta entonces es inevitable: ¿quién debería tomar cartas en el asunto y poner límites a ese uso?. La respuesta recae en la actual intendente a cargo, María de los Ángeles Fretes.
No se trata simplemente de un vehículo, se trata de un bien municipal adquirido y mantenido con recursos que pertenecen a todos los vecinos, destinado a cumplir funciones en beneficio de la comunidad y no a convertirse en una herramienta para actividades políticas o personales.
El tema cobra todavía mayor relevancia después de lo ocurrido el pasado fin de semana, cuando el Chaco volvió a ser noticia a nivel nacional y provincial por el accidente protagonizado por el diputado nacional Aldo Leiva mientras se desplazaba en un vehículo que, de acuerdo con las crónicas periodísticas, pertenecería al municipio de General San Martín. Una situación que vuelve a poner sobre la mesa el debate acerca del uso de los bienes públicos.
En ese caso existe, además, un dato político que no puede soslayarse: Leiva es el padre del actual intendente de General San Martín.
Por eso, Fretes debería adoptar las medidas necesarias para evitar que una situación similar pueda repetirse en Margarita Belén. Pero, fundamentalmente, debería hacerlo para demostrar que los bienes municipales están al servicio de los vecinos y que no existen privilegios para quienes circunstancialmente ocupan cargos públicos.
Es cierto que la tarea de la intendente no es sencilla, especialmente porque se trata de su esposo, sin embargo, justamente por esa razón, una decisión clara y transparente podría servir para demostrar que, por encima de cualquier vínculo personal o político, están las responsabilidades institucionales y el respeto por los recursos de todos los margariteños.
Los vecinos merecen una respuesta concreta, merecen saber quién utiliza los vehículos municipales, para qué se utilizan y bajo qué criterios, y, sobre todo, necesitan tener la certeza de que los recursos públicos no se confunden con los intereses particulares de quienes ejercen el poder.
Porque más allá de nombres, candidaturas y estrategias electorales, hay una cuestión mucho más sencilla que debería ser innegociable: «los vehículos municipales, al igual que cualquier otro recurso público, deben estar al servicio de la comunidad.»
